“Hay que priorizar a las próximas generaciones y entender que el futuro no está garantizado con represas como Portezuelo del Viento que van a contramano de lo que hace el resto del mundo”, dijo el candidato a diputado nacional del Frente de Todos La Pampa, Hernán Pérez Araujo, tras el encuentro regional que se realizó en La Adela para abordar la problemática hídrica. En este contexto aseguró que la Nación y Mendoza pretenden “provincializar la obra para eludir los controles de evaluación de impacto ambiental que deben realizarse en el Congreso de la Nación, con audiencias públicas”.
Los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos La Pampa, Hernán Pérez Araujo y Carmina Besga realizaron una recorrida por distintas localidades del sur de La provincia, en las que se interiorizaron sobre el perfil productivo de la región, para concluir en La Adela, donde se concretó un encuentro regional para abordar la problemática hídrica a partir de los inconvenientes que generan la proliferación de represas con manejo unilateral de los caudales.
Pérez Araujo aseguró que el encuentro “fue muy positivo y enriquecedor” y ratificó que en La Pampa existe la decisión unánime de no avalar “la represa Portezuelo del Viento en las condiciones que plantean la provincia de Mendoza y el Gobierno Nacional”.
Precisó que es “importante comenzar a tomar al Río Colorado como una cuestión que trasciende los límites interprovinciales y entender que el futuro no está garantizado con la concreción de represas de este tipo que van a contramano de lo que se hace en el resto del mundo, donde se han empezado a desmantelar este tipo de presas”.
“La obra fue aprobada por cuatro gobernadores y el ministro del Interior, sin haber hecho previamente un estudio de impacto ambiental”, enfatizó Pérez Araujo, quien no dudó en calificar como “irresponsable la decisión de aprobar algo que no se sabe qué consecuencia va a tener en el medio ambiente. Por eso son los reclamos de La Pampa ante el organismo de cuenca y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de los dos amparos ambientales presentados por la Fundación Chadileuvú y la Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos”.
Pérez Araujo dijo que “lamentablemente los tiempos de la justicia no son los tiempos de la ciudadanía, pero son las vías adecuadas a las que hay que acudir” y celebró que “la Corte Suprema, en su conformación actual está tendiendo a la protección del ambiente como un bien prioritario”.
En este sentido señaló que “se debe empezar a entender al agua como un bien común, que excede la apropiación que el hombre puede intentar hacer sobre el recurso natural”.
Consideró que “la provincialización que ha hecho de la obra el Gobierno Nacional devolviéndosela a Mendoza, está intentando escapar de los controles de una evaluación de impacto ambiental que debe realizarse en el Congreso de la Nación, con audiencias públicas. Mendoza pretende que la obra sea provincial y no concurrir a la evaluación de impacto ambiental que debe hacer el Congreso Nacional para que seamos todos los argentinos y argentinas los que mensuremos el impacto que genera una obra de esta envergadura”.
Argumentó la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental en el hecho de que el “realizado por COIRCO, no es suficiente y no cumple con la Ley Nacional de Ambiente”, y concluyó afirmando que “es imprescindible que todos nos manifestemos en defensa de nuestros recursos, porque lo importante es pensar en las generaciones futuras en relación al país que le vamos a dejar”.