Durante la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Toay, el Bloque de Concejales y Concejalas del Partido Justicialista manifestó su firme rechazo a dos medidas impulsadas por el Gobierno Nacional, que fueron aprobadas por mayoría en el recinto.
El primero de los repudios se dirigió contra el cierre de diversos organismos culturales como bibliotecas populares, museos, el Instituto Nacional del Teatro, entre otros espacios fundamentales para el desarrollo y la identidad cultural de las comunidades. El segundo repudio fue al Decreto N.º 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que otorga nuevas y polémicas atribuciones a la Policía Federal Argentina, incluyendo la posibilidad de realizar ciberpatrullajes, requisas, allanamientos y detenciones sin orden judicial. Según denunciaron desde el bloque, esta medida «habilita una preocupante autonomía de las fuerzas federales respecto del Poder Judicial» y abre la puerta a prácticas de estigmatización por razones ideológicas, de apariencia o pertenencia a organizaciones sociales y políticas.
Desde el PJ local expresaron su «profunda preocupación ante el avance de un modelo estatal de carácter represivo, excluyente y subordinado a intereses externos», y alertaron sobre «una grave vulneración del Estado de Derecho y de los principios democráticos que rigen nuestra Constitución».
Uno de los momentos más tensos de la sesión se produjo durante las intervenciones del bloque unipersonal del PRO. La concejala Mónica Azcarate votó en contra de ambos repudios y defendió el rumbo del gobierno nacional liderado por Javier Milei. En su intervención, justificó su posición aludiendo a supuestos «despilfarros en el área de Cultura», y criticó el uso del término «régimen» en el texto del segundo repudio. En un tramo que generó fuertes reacciones, sostuvo que no corresponde cuestionar las decisiones del Poder Ejecutivo si “los que saben”, en alusión a la ministra Patricia Bullrich, consideran que deben tomarse de esa manera.
Desde el bloque justicialista también señalaron la actitud del bloque de la UCR, que optó por abstenerse, marcando —según sus palabras— “una preocupante indiferencia frente al avasallamiento de los derechos y garantías constitucionales”.
En respuesta a las objeciones por el uso del término “régimen de Milei”, el PJ reafirmó su postura: “Entendemos por régimen político al conjunto de normas, instituciones y relaciones que organizan el ejercicio del poder. En ese sentido, no solo es válido, sino necesario referirse a esta gestión como un régimen que ha asumido un rumbo autoritario, desconociendo la división de poderes, subordinando la política cultural, y reprimiendo la disidencia”.
La bancada concluyó reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el rol del Estado como garante de derechos sociales y culturales.