La diputada provincial Noelia Viara (PRO), junto a sus compañeros de bloque, Celeste Rivas y Lucas Lazaric, presentaron en la Legislatura un proyecto de adhesión a la Ley Nacional 26.052, que establece la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes.
La iniciativa tiene como objetivo permitir que la justicia y la policía provincial actúen directamente en los casos de narcomenudeo, es decir, en la venta de drogas en pequeña escala.
Actualmente, todos los casos de microtráfico recaen en la justicia federal, que se encuentra sobrecargada de causas y con recursos limitados. Esta situación genera demoras, falta de proximidad con los vecinos y escasa capacidad de intervención inmediata. En la práctica, los kioscos de droga se consolidan, los jóvenes quedan expuestos y la respuesta del Estado llega tarde o no llega”, afirmó Viara.
La Ley Nacional 26.052 faculta a cada provincia a asumir la competencia en materia de narcomenudeo. Doce jurisdicciones del país ya aplican este esquema con resultados positivos, logrando descongestionar el fuero federal y otorgando a sus justicias provinciales la posibilidad de intervenir de manera más cercana y eficiente.
Con la adhesión, La Pampa podrá contar con un sistema dual: la justicia federal concentrándose en los grandes delitos de narcotráfico y la justicia provincial persiguiendo el microtráfico en el territorio.
“Hace casi dos años, cuando Ziliotto asumió su segundo mandato, prometió que la provincia adheriría a la Ley Nacional de Desfederalización de Estupefacientes. Aseguró que la justicia local iba a investigar y juzgar estos delitos con una unidad de fiscales especializada. La realidad es que pasó el tiempo, la promesa quedó en palabras y la provincia sigue sin dar un solo paso en esa dirección”, aseguró Viara.
La aprobación del proyecto también permitirá a La Pampa incorporarse al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), recientemente creado por el Ministerio de Justicia de la Nación. Este programa ofrece asistencia técnica, capacitación y recursos a las provincias que adhieran, constituyendo una oportunidad concreta para fortalecer la seguridad y la justicia local.
“Detrás de cada kiosco de droga hay una familia destruida, hay jóvenes que pierden oportunidades y barrios que viven con miedo. No podemos mirar para otro lado. Esta ley es una herramienta para devolverle la tranquilidad a nuestra provincia, para que las madres y los padres sepan que el Estado está presente cuidando a sus hijos”, concluyó Viara.