El proyecto presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia (CIAFBA) para declarar de interés público el cuidado integral de los suelos y el agua de uso agropecuario y/o forestal continúa cosechando réplicas y rechazos desde el arco productivo.
A lo ya expresado por Carbap y otros dirigentes del sector, se sumó la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), que también expresó “preocupación” por esa propuesta y pidió a los legisladores bonaerenses rechazarla para “no generar situaciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento del país”.
La norma, que aún se debate en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado provincial, busca establecer mecanismos de protección del suelo y el agua, recursos finitos supeditados a la erosión y pérdida de nutrientes. Para ello, dispone la obligatoriedad de presentar planes de uso y manejo y adecuar la producción a lo dispuesto por la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial.
A cambio, se contemplan exenciones impositivas y ciertos estímulos, como el acceso a certificaciones, acceso a créditos, la deducción del 30% del impuesto a los ingresos brutos de la provincia y del 50% del impuesto de sellos. En contrapartida, para quienes no lo cumplan, la ley propone la exclusión de otros planes de fomento que se dicten y no descarta la aplicación de multas.
En línea con lo señalado por otros actores del sector, las inmobiliarias rurales alertaron que el proyecto de ley representa un mayor intervencionismo estatal sobre el agro. “Nadie se puede subrogar el derecho a legislar sobre el buen uso del suelo subestimando a las fuerzas del campo y de los productores”, reafirmaron en un comunicado difundido.
Por el contrario, desde CAIR pidieron por “reglas claras y seguridad jurídica que perduren en el tiempo”, un aspecto que creen vulnerado por un proyecto como el presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense.
En vez de mayor planificación estatal, y de medidas productivas dispuestas desde organismos públicos, la cámara que nuclea a las inmobiliarias rurales señaló que es necesario dejar operar a “las fuerzas individuales de los trabajadores que apuestan a la producción basados en el conocimiento, la creatividad y la inversión permanente”.