Este viernes 31 de octubre, último día del proceso de “cram down” de Vicentin SAIC, el grupo Grassi aseguró primero que alcanzó las mayorías requeridas para poder alzarse con el control de la compañía agroindustrial concursada.
Por medio de un comunicado, el grupo liderado por Mariano Grassi señaló que “informó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, que alcanzó y superó holgadamente la mayoría de conformidades requeridas, solicitando de tal manera la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes”.
De todos modos, al rato, sus contendientes para hacerse del control de la aceitera que cayó en desgracia en diciembre de 2019, las cerealeras Louis Dreyfus (LDC) y Molinos Agro, informaron exactamente lo mismo, aunque a través de un comunicado de prensa: Dijeron que habían “superado las mayorías requeridas de acreedores legítimos y capital en cada una de las categorías”.
La frase “acreedores legítimos” se convierte en clave para analizar la situación, porque al mismo tiempo ese grupo presentó ante el juzgado de Reconquista un escrito, pidiendo al juez que revise la lista de avales presentada por Grassi para hacerse de la compañía. Si prospera ese recurso de ultima instancia, podría cambiar de ganador esta compulsa.
“Molinos Agro y Louis Dreyfus Company informan que han superado las 1.180 adhesiones y los 2/3 de capital de acreedores legítimos en cada una de las categorías”, dijeron esas compañías en medio de este berenjenal jurídico que ya lleva casi seis años. “Los acreedores legítimos de Vicentín se han expedido de manera contundente en apoyo de nuestra propuesta, alcanzando casi el 70% de conformidades y sin que exista riesgo alguno de quiebra”, completaron.
De nuevo la palabra “legítimos”.
Vale recordar que en el proceso de “cram down” la propuesta ganadora es la que obtiene en primer lugar las mayorías numéricas y de capital, es decir, la mitad más uno de los acreedores y las dos terceras partes de la deuda concursal. Si así fuera, ganó Grassi.
Esta empresa también agradeció el apoyo de los acreedores de Vicentín. “La compañía desea agradecer formalmente el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta que presentamos a los fines de recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial”, apuntó el grupo Grassi.
“Desde hace más de cinco años cuando se produjo el default de la empresa que desembocó en su largo y controvertido proceso concursal, hemos sido activos protagonistas en la búsqueda de una solución que fuera capaz de honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores en general que sufrieron un grave impacto por esta situación y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa”, añadió.
A partir de ahora, el juez concursal Fabián Lorenzini dispuso que, luego de la presentación de un escrito manifestando haber obtenido las mayorías necesarias para ganar el “cram dowm”, la sindicatura deberá iniciar un proceso de control y recuento de las conformidades para determinar quien fue el primero en obtener las adhesiones necesarias y que en ese proceso podrán intervenir los representantes de ambos competidores.
Es ahí donde el otro grupo que presentó la propuesta competidora en el “cram down” espera se verifiquen si los apoyos logradoas por Grassi se consideran “legítimos”.
¿Y cuáles serían los acreedores ilegítimos en todo caso que Molino y LDC le cuestionan a Grassi? En el escrito que se presentó ante el juez Lorenzini, el grupo le pide que excluya a Avir South SARL, a Commodities SA/Grassi SA y a Vicentín Paraguay SA, que era una sociedad controlada por la propia empresa concursada.
Avir South sería la empresa off shore propiedad del propio Grassi que compró en noviembre de 2024, cuando se preparaba este desenlace, las acreencias que bancos internacionales tenían sobre Vicentín por unos 450 millones de dólares, sobre un total de acreencias de poco más de 1.300 millones. Es decir que su aval se transforma en clave para que este grupo rosarino pueda alcanzar la mayoría.
Si el juez acepta esta petición, este grupo competidor considera que llegará la hora de declarar “que hemos alcanzado las mayorías requeridas en este proceso de cram down”.
En otro de los casos, Molinos Agro y LDC entienden que los créditos pertenecientes a Grassi S.A. y su controlada Commodities S.A. tampoco deberían considerarse para contabilizar el cómputo de mayorías por tratarse de un supuesto de “autovoto”, lo que está prohibido por la Ley de Concursos y Quiebras.