En una jornada histórica para las políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, La Pampa participó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) del Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos (RDA), organizado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue la primera vez en la Argentina que representantes de 15 provincias se reunieron formalmente para avanzar en criterios comunes, compartir experiencias y sentar las bases de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios, una herramienta indispensable para combatir una de las formas de violencia económica más extendidas y menos visibilizadas del país: el incumplimiento de obligaciones parentales.
El Gobierno provincial estuvo representado por la subdirectora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Torres Nowak, quien participó de los debates sobre interoperabilidad, medidas proactivas, responsabilidad parental, acceso a la justicia y abordaje integral de la violencia económica.
Durante la jornada, la funcionaria destacó que La Pampa cuenta con una legislación sólida, mecanismos ágiles de inscripción y una vinculación institucional relevante, incluyendo la existencia de una Oficina de Violencia Doméstica propia, dependiente del Poder Judicial, un factor clave para abordar la violencia económica que suele atravesar los casos de deuda alimentaria.
De acuerdo a los datos de UNICEF, en la Argentina 1.700.000 hogares son monoparentales liderados por mujeres y en ellos viven más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes.
Estos hogares registran 10 puntos más de pobreza infantil que aquellos encabezados por varones. Además, 6 de cada 10 hogares que deberían recibir alimentos no los reciben y 7 de cada 10 no perciben la cuota de manera regular. En el 60% de los casos, la causa del incumplimiento no es económica, sino conflicto o ausencia de vínculo paterno. Más del 60% de quienes afirman “pagar por fuera” no realizan ningún aporte real.
En el encuentro se subrayó que La Pampa es una de las jurisdicciones con mayor aplicación normativa en la materia y con mejores prácticas consolidadas en su Registro de Deudores Alimentarios ya que mantiene canales de inscripción y expedición de certificados inmediatas. No obstante, la representación pampeana reafirmó el compromiso provincial de integrar y fortalecer la Red Federal, alinear criterios de notificación, inscripción y coerción y potenciar la articulación institucional con las distintas áreas gubernamentales.
Torres Nowak subrayó que el incumplimiento alimentario no es un problema privado, sino un asunto público, estructural y federal que requiere coordinación real entre provincias.
Finalmente, se suscribió la Declaración para la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, que formaliza el compromiso de trabajo permanente y coordinado entre todas las jurisdicciones: Chubut, Misiones, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Salta y La Pampa.
El Encuentro Federal dejó un mensaje inequívoco: el incumplimiento alimentario es violencia económica, su impacto recae de manera desproporcionada sobre mujeres, niñas y niños, la problemática está extendida, naturalizada y requiere decisiones valientes y ninguna política aislada será suficiente. Las provincias inician así un camino institucional imprescindible: poner en agenda una deuda histórica y avanzar hacia un Estado presente que proteja los derechos más básicos de la infancia.
El Gobierno provincial estuvo representado por la subdirectora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Torres Nowak, quien participó de los debates sobre interoperabilidad, medidas proactivas, responsabilidad parental, acceso a la justicia y abordaje integral de la violencia económica.
Durante la jornada, la funcionaria destacó que La Pampa cuenta con una legislación sólida, mecanismos ágiles de inscripción y una vinculación institucional relevante, incluyendo la existencia de una Oficina de Violencia Doméstica propia, dependiente del Poder Judicial, un factor clave para abordar la violencia económica que suele atravesar los casos de deuda alimentaria.
De acuerdo a los datos de UNICEF, en la Argentina 1.700.000 hogares son monoparentales liderados por mujeres y en ellos viven más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes.
Estos hogares registran 10 puntos más de pobreza infantil que aquellos encabezados por varones. Además, 6 de cada 10 hogares que deberían recibir alimentos no los reciben y 7 de cada 10 no perciben la cuota de manera regular. En el 60% de los casos, la causa del incumplimiento no es económica, sino conflicto o ausencia de vínculo paterno. Más del 60% de quienes afirman “pagar por fuera” no realizan ningún aporte real.
En el encuentro se subrayó que La Pampa es una de las jurisdicciones con mayor aplicación normativa en la materia y con mejores prácticas consolidadas en su Registro de Deudores Alimentarios ya que mantiene canales de inscripción y expedición de certificados inmediatas. No obstante, la representación pampeana reafirmó el compromiso provincial de integrar y fortalecer la Red Federal, alinear criterios de notificación, inscripción y coerción y potenciar la articulación institucional con las distintas áreas gubernamentales.
Torres Nowak subrayó que el incumplimiento alimentario no es un problema privado, sino un asunto público, estructural y federal que requiere coordinación real entre provincias.
Finalmente, se suscribió la Declaración para la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, que formaliza el compromiso de trabajo permanente y coordinado entre todas las jurisdicciones: Chubut, Misiones, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Salta y La Pampa.
El Encuentro Federal dejó un mensaje inequívoco: el incumplimiento alimentario es violencia económica, su impacto recae de manera desproporcionada sobre mujeres, niñas y niños, la problemática está extendida, naturalizada y requiere decisiones valientes y ninguna política aislada será suficiente. Las provincias inician así un camino institucional imprescindible: poner en agenda una deuda histórica y avanzar hacia un Estado presente que proteja los derechos más básicos de la infancia.