A raíz de la participación de la Provincia en el Primer Encuentro Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos que se realizó en la UBA, la subdirectora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Torres Nowak, presentó los datos sobre La Pampa del Registro de Deudores Alimentarios.
El fenómeno es marcadamente desigual en clave de género: 393 inscripciones correspondieron a varones y solo cuatro a mujeres, todas ellas abuelas obligadas alimentarias.
Se identificaron 25 personas reincidentes, con más de un expediente asociado, lo que revela trayectorias de incumplimiento prolongado que requieren respuestas judiciales y administrativas específicas.
A su vez, la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas mostró la dimensión del trabajo cotidiano a través de los certificados de libre deuda alimentaria: entre 2018 y 2025 se emitieron más de 104.000 certificados de libre deuda alimentaria (sumando certificados individuales y solicitudes web), que implicaron casi 400.000 consultas de personas en la base del Registro Provincial.
Estos certificados se solicitan para concursos públicos, licitaciones, habilitaciones comerciales, licencias de conducir, designación de personal y múltiples trámites administrativos, lo que convierte al RPDA en una herramienta de uso diario para organismos estatales, municipios y ciudadanía.
Descentralización y accesibilidad
La experiencia pampeana también se caracteriza por su descentralización y accesibilidad: los certificados pueden pedirse en cualquier Registro Civil del interior, por correo institucional y a través de la plataforma de Ciudadanía Pampeana Digital (CiPADI), con tiempos de respuesta que, en la práctica, suelen ser menores a un día hábil.
El RPDA es una herramienta indispensable para combatir una de las formas de violencia económica más extendidas y menos visibilizadas del país: el incumplimiento de obligaciones parentales.
El Registro pampeano tiene tres ejes centrales: inscribir a las personas que adeudan alimentos fijados u homologados judicialmente; visibilizar ese incumplimiento mediante certificados; y vincular esa conducta con consecuencias concretas en trámites bancarios, habilitaciones, concursos, licitaciones, licencias de conducir y designaciones estatales.