Con el rojo previsional desbocado por el no envío de fondos nacionales a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Martín Llaryora decidió declarar la emergencia previsional y aplicar un esquema de aportes personales extraordinarios que irán entre el 2 al 8%, de manera progresiva, para alcanzar así los empleados top de la Provincia: magistrados, bancarios y municipales de Córdoba.
Los estatales venían pagando un fondo compensador de 4% que será eliminado. Lo reemplazará este nuevo esquema «progresivo». De esta manera, el grueso tendrá una rebaja en el plus del aporte personal y quienes más cobran, un aumento de los aportes personales.
Facundo Torres, presidente del bloque oficialista, explicó que el proyecto tiene «un estricto sentido de justicia redistributiva». Según él, más de la mitad de los jubilados provinciales recibirán el 82% móvil. «La Caja de Jubilaciones está fundida porque la Nación no manda los fondos», dijo Torres, quien avisó que se mantendrá el reclamo a la Anses para el pago del rojo previsional.
Llaryora cambió de estrategia y ahora apunta a que el rojo financiero sea sostenido por los empleados que más cobran en la Provincia: magistrados, bancarios, municipales de la ciudad de Córdoba y empleados de EPEC, la empresa de energía. El Suoem (municipales) movilizó a una multitud. Chocar con este sindicato le sirvió a Llaryora cuando fue intendente. Ahora, vuelve a aplicar la misma receta.
Sobre este grupo estará la mayor presión. También los jubilados de este sector podrían recibir un bono previsional. Se trata de personas con altos ingresos previsionales. «El esfuerzo deben haberlo quienes más perciben, y la masa que menos cobra comenzará a restituir derechos», dijo Torres.
«Es un elemento de estricta justicia en medio de una crisis. El estado de emergencia de la Caja y hay una enorme diferencia entre quienes cobran una mínima y quienes están en el tope de la pirámide; y los que más reciben tendrán que hacer el mayor esfuerzo en esta emergencia», dijo Torres.
Con esta medida, Llaryora busca quebrar el frente sindical que estaba en pie de guerra. En Córdoba hay 116.760 jubilados y pensionados provinciales, con un haber promedio de 1,6 millón de pesos. El foco del proyecto apunta a quienes estén por encima de los 3 millones de pesos.
«Yo me niego a que tengamos jubilados de 4 millones, de 7, de 14 millones. Y que los policías, los enfermeros, los médicos, los docentes tengan las jubilaciones que ganan», dijo días atrás Miguel Siciliano, flamante ministro de Llaryora. En clave de época, Siciliano también señaló que «no es justo que un taxista, un verdulero, un abogado o un arquitecto pague con sus impuestos el déficit que generan los jubilados públicos».