La ganadería es una de las principales actividades productivas de Corrientes. Con un rodeo estimado en unas 5 millones de cabezas, la provincia cumple un rol central como zona de cría, cuyos terneros y novillos se distribuyen luego a distintos puntos del país para su engorde y faena. Esa producción se desarrolla, en gran parte, en campos de condiciones complejas, especialmente en áreas de malezales y zonas bajas cercanas a ríos y esteros, donde el control cotidiano de la hacienda resulta limitado.
En el este correntino, particularmente en el departamento San Martín y localidades vecinas como La Cruz, Alvear, Paso de los Libres y Santo Tomé, esas características productivas se convirtieron en el telón de fondo de una problemática creciente, como el avance del abigeato y de modalidades delictivas más complejas que, según denuncian los productores, se consolidaron tras los incendios rurales de 2022.
Ganaderos de la zona señalan que la inseguridad rural dejó de manifestarse únicamente en hechos aislados para transformarse en un fenómeno persistente. En ese contexto, una de las situaciones más graves quedó expuesta recientemente a partir de un caso ocurrido en La Cruz, que tuvo como damnificado al productor Javier Azpiroz.
A partir de ese hecho puntual se activaron actuaciones policiales y judiciales. Sin embargo, también quedó en evidencia, según los productores, una respuesta judicial lenta, con un pedido de allanamiento clave habría demorado entre 30 y 40 horas, un lapso que, en delitos de este tipo, resulta determinante.
Según reconstruyen los productores de la región, la modalidad detectada se apoya en una operatoria organizada. Consiste en alquilar campos linderos a grandes establecimientos ganaderos y aprovechar la dificultad para el control permanente de los animales. Parte de la hacienda termina cruzando esos límites, y luego es comercializada como propia.
Uno de los factores que facilita esta mecánica es la llamada “recoluta”, el recuento de animales que se realiza durante las vacunaciones. En esos encierres, explican, es habitual que algunos animales propios queden en campos vecinos y que otros ajenos ingresen por error. Históricamente, esas situaciones se resolvieron mediante intercambios entre productores. Pero en este último año, aseguran, comenzaron a detectarse faltantes que ya no reaparecen.
A esta situación se sumó el impacto de los incendios de 2022, que destruyeron una parte significativa de la infraestructura rural. En muchas zonas se quemaron kilómetros de alambrados que aún no pudieron ser repuestos, tanto por costos como por la imposibilidad de ingresar con maquinaria en campos anegados. Esa falta de cerramientos, sostienen los productores, volvió imprecisos los recuentos y favoreció maniobras delictivas.
En el caso de Azpiroz, el faltante acumulado desde 2022 es considerable y se cuenta de a centenares. Se trata de una cifra relevante para cualquier establecimiento de cría. En la región, incluso, productores hablan de casos con hasta 800 vacunos faltantes. Las cifras, que alcanzan al menos las 1.500 cabezas en total, surgen de estimaciones realizadas durante sucesivas vacunaciones.
Según explica el propio Azpiroz a Bichos de Campo, el faltante dejó de ser una sospecha ocasional para transformarse en un patrón. No se trataba de pérdidas aisladas ni de episodios menores de cuatrerismo, sino de una operatoria sostenida en el tiempo, apoyada en las condiciones geográficas de la zona y en la fragilidad de los controles.
El establecimiento del productor se encuentra en una región de malezales, al oeste de la Ruta Nacional 14 y entre esa traza y los Esteros del Iberá. Es un área extremadamente plana, con suelos húmedos y tránsito complejo. Allí la hacienda no se observa a diario y los controles se concentran en los momentos de vacunación. Fuera de esas instancias, el movimiento de los animales es lento y difícil de seguir.
Ese rasgo estructural de los campos de cría fue aprovechado, según el relato de los productores, para montar una operatoria más sofisticada. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por los propios damnificados, el esquema incluía el uso de guías legales con inconsistencias. Se emitían guías por compras reales de menor volumen, que luego se utilizaban para justificar cargas mayores. Donde la documentación indicaba quince animales, el camión transportaba treinta.
La verificación de marcas dentro de un camión jaula, explican, es poco frecuente y compleja. En la mayoría de los controles se revisa la documentación, no la hacienda animal por animal, salvo que el transportista esté previamente bajo sospecha.
Otra variante señalada por los productores es el uso reiterado de una misma guía para envíos a frigoríficos, especialmente en Misiones. En ese circuito, relatan, la guía no siempre se da de baja de manera inmediata. Dado que cada guía de envío a faena tiene una validez de cuatro días, ese margen permitiría reutilizarla varias veces. De ese modo, una operación legal habilitaría dos o tres movimientos clandestinos adicionales.
Para Azpiroz y otros productores de la zona, el problema no es solo delictivo, sino también sistémico. Sostienen que, con la tecnología disponible, la baja de las guías debería ser automática en el momento en que la hacienda ingresa al frigorífico, sin depender de trámites posteriores ni de documentación en papel. La falta de informatización integral de los controles rurales aparece, según advierten, como una de las principales debilidades del sistema.
Los productores también coinciden en que el caso de La Cruz no es aislado. Existen antecedentes recientes con los mismos camiones y choferes en otros departamentos, como Paso de los Libres, donde se habrían detectado procedimientos similares meses antes.
El camión interceptado en el último episodio fue detenido por personal de la Policía Rural que, según los productores, conoce el territorio y los movimientos habituales. No obstante, remarcan que la respuesta judicial posterior no acompañó con la misma rapidez: de cinco allanamientos solicitados con urgencia, solo se autorizaron dos, y en los lugares considerados menos relevantes dentro de la operatoria.
Ese contraste entre la reconstrucción policial del esquema y la respuesta judicial genera una fuerte preocupación en la región. No solo por el daño económico que implica la pérdida de hacienda, sino porque, según advierten los productores, consolida una percepción de impunidad.
A ese escenario se suma otro factor de extrema gravedad. Productores de la zona aseguran que existen bandas delictivas provenientes de Brasil que cruzan el río en lancha, en algunos casos armadas, para robar ganado, faenar animales de manera ilegal y amedrentar a pobladores rurales. Según estimaciones de entidades rurales de la zona de Alvear, esta situación habría provocado que unas 35.000 hectáreas quedaran fuera de la producción agropecuaria, debido al temor de los productores a sufrir ataques.
Para quienes viven y producen en esa región de Corrientes, el problema del abigeato ya no se limita a la pérdida de animales. Se trata, afirman, de una amenaza directa a la continuidad de la actividad ganadera y a la permanencia misma de los productores en el territorio.