Los viñateros de San Juan y Mendoza enfrentan una nueva campaña que saben ya que será de quebranto. En medio de la crisis generalizada a la que asiste todo el sector, que ha golpeado a importantes bodegas y se agrava en un contexto de caída del consumo, el eslabón primario cree que no habrá festejos de cara a la Vendimia 2026.
El “caldo de cultivo” es por demás complejo: la uva se paga menos que el año pasado, los costos siguen al alza y, mientras se consolida la “retirada” del Estado -que históricamente dinamizó al sector-, hay muchos productores que evalúan directamente no levantar su cosecha en las próximas semanas.
Entre medio de asambleas, movilizaciones y reuniones, los viticultores se niegan a aceptar lo que consideran “condiciones de quebranto”, pero saben también que deben sentarse a negociar, a contrarreloj, si lo que quieren es al menos intentar salir hechos este 2026, tal como lo hicieron los dos años anteriores.
Bichos de Campo trazó un diagnóstico junto a los principales referentes, que concuerdan en un gran consigna global: esta es una carrera por la subsistencia en la que muchos no llegarán a la meta.
Las primeras señales de alerta se encendieron días atrás en San Juan, cuyos viñateros convocaron a una asamblea para comienzos de la semana para debatir sobre el precio de la uva y los efectos que tiene la crisis hídrica arrastrada desde hace más de una década, pero profundizada las últimas campañas.
“El año viene muy difícil. El problema más grave es que hay muchas bodegas que aparentemente no abrirán sus puertas porque no tienen dinero para cubrir el gasto de elaboración del vino ni para anticipar el pago al productor por la cosecha”, evaluó en diálogo con este medio el presidente de la Mesa Vitícola sanjuanina, Pablo Martín.
Esa caída en la demanda -no sólo en las góndolas sino internamente en la cadena- lo que hace es presionar los precios a la baja. En el caso de la uva para vinificar, que es la que se destina directamente a las bodegas, Martín explicó que “directamente no tiene precio”, lo que significa que en muchos casos se entrega sin tener certeza de cuánto ni cómo ni cuándo se va a pagar.
Por su parte, para la uva destinada a la producción de mosto, que es el jugo de uva sin fermentar, el panorama no es más alentador: por ahora, se habla de unos 200 pesos por kilo.
“Son los mismos valores del año pasado, que a su vez fueron los mismos precios que el año anterior. Es decir que esta sería la tercera cosecha con los mismos precios en pesos para el productor”, expresó el titular de la Mesa Vitícola.
Prácticamente no menos del 80% del mosto se exporta, por lo que la demanda está sujeta además a lo que sucede puertas afuera. “Nos dijeron que ellos hacen los contratos con el exterior entre el 15 de febrero y el 30 de marzo y que el año anterior les habían bajado el precio. No sé si es verdad o mentira, pero ese es el argumento que nos dan las bodegas, y eso nos complica bastante”, explicó a Bichos de Campó Alfredo Olivera, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan.
En cualquier caso, los productores advierten que el precio de la uva no puede estar por debajo de los 500 pesos por kilo, más del doble de lo ofrecido esta campaña, en la que, por supuesto, los costos logísticos y de mano de obra se han ido incrementando a tono con el índice de inflación.
“Llevar la cosecha a la bodega me cuesta 50 pesos por kilo. Si me pagan 200, me quedan 150 que no me alcanza ni para empezar a pagar los costos”, ejemplificó Olivera.
En Mendoza, la situación no es mejor. Consultado por este medio, el presidente de la Sociedad Rural de Valle de Uco, Mario Leiva, describió un panorama muy similar al de sus vecinos.
“El precio de la uva es un desastre. Los grandes ya nos avisaron que para los varietales finos no van a pagar más de 300 pesos el kilo, la mitad que el año pasado”, explicó el productor. Con calculadora en mano, estima que eso generaría pérdidas equivalentes a los 2000 dólares por hectárea.
Se estima que, en aquella región, el costo operativo de producir uva fina ronda los 7000 a 8000 dólares por hectárea, en producciones con un rinde promedio de entre 80 y 120 quintales, es decir de entre 8000 y 12000 kilos. Si el productor percibe 300 pesos por kilo, estiman desde la entidad mendocina, perdería no menos de 2000 dólares por hectárea.
“Con estos precio, el productor chico y mediano de Valle de Uco se funde directamente”, lamentó Leiva, que asegura que las negociaciones por estas horas viran en torno a intentar asegurar un piso levemente mayor, que permita al menos la subsistencia.
En ese caso, las fichas en el sector están puestas en los trasladistas, que es el primer eslabón industrial que compra la uva, la vinifica y vende ese vino a granel a grandes bodegas, que luego fraccionan, cortan o estabilizan de acuerdo a sus fórmulas. “Si ellos pudieran inyectar 100 pesos más, al menos se podría cosechar y no tirar la uva”, explicó el referente.
Las movilizaciones sectoriales motivaron el encuentro con las principales autoridades provinciales, que han salido a ofrecer propuestas intermedias aunque, por el momento, no convencen completamente al sector.
En el caso de San Juan, tras ser recibidos por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Producción Gustavo Fernández, los viñateros señalan que se está trabajando en líneas de crédito con tasas diferenciales para bodegas y productores. A diferencia de otros años, esta vez no habrá subsidios ulteriores ni tampoco compras de uva por parte del Estado.
“El primer objetivo es que la uva no quede colgada, que podamos cosechar y las bodegas elaboren”, explicó Martín, aunque lo que preocupa al sector es que deberían endeudarse sin tener siquiera asegurado en qué condiciones venderán su producción. “Lo tenés que devolver sin saber si te van a comprar la uva, en qué momento y a qué precio”, señaló Olivera.
En lo que será un nuevo año complejo para el sector, con precios que no alcanzan a cubrir los costos de los productores, y una situación financiera de las bodegas muy comprometida, los dardos llegan también a la Casa Rosada. En efecto, no ha habido más menciones al sector por parte del gobierno nacional desde la implementación de grandes cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que tuvieron en su mayoría el visto bueno del sector, pero suscitaron polémicas sobre artículos específicos.
“El presidente no tiene en cuenta a las economías regionales y nos dice ´arrénglense como puedan´”, apuntan desde Valle De Uco. “El problema en el fondo es esta economía liberal que pregona el ´sálvense quien pueda´”, agregó, en la misma línea, el presidente de la federación sanjuanina.
El drama derrama hoy al interior de las fincas, que piensan en proyectos de largo plazo para reconvertirse a ramas más rentables -como la producción de pasas de uva en el caso de San Juan- y cómo entusiasmar a las nuevas generaciones para continuar con los proyectos familiares, pero también se debaten cómo pagar las cuentas, las semanas siguientes.
“Cada uno va a tratar de salvarse como pueda. Algunos sobrevivirán y otros no podrán hacerlo”, concluyó Olivera, que calificó a esta crisis como una de las peores en los últimos años.