La aprobación en el Senado de la Nación Argentina de la modificación de la Ley de Glaciares encendió alarmas en distintos puntos del país y, particularmente en La Pampa, donde el debate trasciende lo ambiental para instalarse en el terreno de la seguridad hídrica, la producción y la equidad territorial.
El proyecto obtuvo media sanción y ahora será tratado en la Cámara de Diputados, en medio de fuertes cuestionamientos de sectores científicos, ambientales y gobiernos provinciales. Desde la mirada pampeana, no se trata de una discusión técnica aislada. Se trata de la base misma del sistema que garantiza el agua en territorios aguas abajo. La iniciativa aprobada introduce cambios en los criterios de protección del ambiente glaciar y periglacial, abriendo la posibilidad de habilitar actividades económicas -principalmente vinculadas a la minería- en áreas que hasta ahora estaban bajo resguardo. Diversos especialistas y organizaciones han advertido en las últimas horas que esto podría implicar una reducción efectiva de la superficie protegida y una flexibilización de controles, en un contexto global de crisis climática donde los glaciares cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua dulce.
Cuando el problema no empieza en el territorio propio
Para La Pampa, el impacto es concreto aunque los glaciares no estén dentro de su territorio. Los sistemas hídricos que abastecen a la Provincia nacen en la cordillera y dependen del funcionamiento de esos ecosistemas. Las cuencas del Atuel, del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y del río Colorado, esenciales para el equilibrio ambiental, social y productivo pampeano, tienen su origen en zonas donde la eventual flexibilización normativa podría generar efectos acumulativos sobre caudales y calidad del agua. En ese marco, la advertencia es clara: cualquier alteración en las nacientes repercute aguas abajo, condicionando no solo los ecosistemas sino también la matriz productiva, el desarrollo regional y la calidad de vida de nuestra población.
Antecedente que pesa
La discusión adquiere mayor densidad política si se la vincula con el histórico conflicto entre La Pampa y Mendoza por la gestión unilateral del río Atuel. Para la Provincia, la experiencia demuestra que las decisiones en territorios aguas arriba generan consecuencias profundas: desertificación, pérdida de biodiversidad, afectación productiva y conflictos sociales persistentes. En ese sentido, la reforma es leída como un posible agravante de la problemática interjurisdiccional, al debilitar estándares comunes y habilitar criterios diferenciados según cada Provincia. “La Pampa tiene una memoria hídrica dolorosa, y en este contexto, nuevamente quedaría en manos de Mendoza la decisión de proteger o no las nacientes de nuestros ríos, dejando a nuestro territorio en una situación de vulnerabilidad”, advirtió a esta Agencia la funcionaria provincial.
Un debate que continúa
Con la media sanción ya otorgada, el foco se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate igualmente intenso. Lo que está en juego no es únicamente una ley, sino el modelo de gestión de los bienes comunes en un país federal: si prevalecerá una lógica fragmentada, donde cada provincia define en soledad, o un esquema con reglas comunes que garanticen equidad y sustentabilidad. Desde esta perspectiva, reducir los estándares de protección implica un retroceso en la política ambiental nacional y una vulneración del principio de no regresión, ampliamente reconocido en el derecho ambiental. “La Pampa ya conoce las consecuencias devastadoras de que otras jurisdicciones manejen los recursos hídricos de forma unilateral. No podemos permitir que el concepto de ‘progreso’ de unos pocos condene a nuestra Provincia”, sostuvo la secretaria. Para La Pampa, la discusión tiene una dimensión existencial: sin agua, no hay producción, no hay equidad social, no hay ecosistemas funcionales y no hay futuro posible. Y en esa ecuación, los glaciares -aunque lejanos en geografía- están en el centro del problema.