La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso expresó la postura oficial del Gobierno de La Pampa contra la modificación de la Ley de Glaciares. Advirtió que flexibilizar la protección de los ambientes glaciares y periglaciales pone en riesgo la seguridad hídrica de la Provincia, donde el 70% de la población depende del río Colorado, cuyo origen se encuentra en zonas glaciares de la cordillera.
Durante su intervención, la funcionaria explicó que el debate sobre la normativa no es ajeno para La Pampa, ya que el acceso al agua es una condición central para el desarrollo de la Provincia. En ese sentido, recordó que se trata de un territorio aguas abajo, cuya disponibilidad hídrica depende de decisiones que se toman en otras jurisdicciones.
“Para La Pampa el agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia”, afirmó, y remarcó que los ambientes glaciares y periglaciales constituyen reservas estratégicas de agua dulce, cuya protección resulta clave en un contexto de cambio climático y disminución de los caudales.
El impacto en el río Colorado
En su exposición, la secretaria explicó que el 70% de la población pampeana depende del agua que proviene del río Colorado, el único río activo dentro del territorio provincial. Ese curso de agua se forma por la confluencia de los ríos Grande y Barrancas, cuyas nacientes se encuentran en ambientes glaciares y periglaciales de la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza.
“Cuando hablamos de modificar la ley, no estamos hablando de un cambio normativo más, sino de qué pasa con el agua que llega —o deja de llegar— a nuestro territorio”, señaló.
En ese marco, subrayó la importancia de mantener reglas ambientales comunes a nivel nacional, al advertir que los ríos atraviesan distintas jurisdicciones y que las decisiones tomadas en las nacientes impactan inevitablemente en las provincias aguas abajo.
La experiencia pampeana con el río Atuel
La representante del Gobierno provincial también recordó la experiencia histórica vinculada al río Atuel, señalando que La Pampa mantiene una “memoria hídrica dolorosa” producto de decisiones unilaterales adoptadas aguas arriba.
Según indicó, esas decisiones provocaron procesos de desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones, consecuencias que —remarcó— continúan presentes más de siete décadas después.
“Sabemos lo que ocurre cuando se debilitan los controles y se fragmentan las reglas. Las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables”, sostuvo.
Argumentos jurídicos y ambientales
La funcionaria también planteó cuestionamientos desde el punto de vista jurídico. En ese sentido, afirmó que la modificación propuesta implicaría un retroceso en los estándares de protección ambiental, lo que vulneraría el principio de no regresión reconocido por el derecho ambiental moderno.
Además, advirtió que la iniciativa se contrapone con lo establecido en la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y obliga a preservarlo para las generaciones presentes y futuras.
Postura del Gobierno provincial
En ese marco, la secretaria ratificó la postura del Gobierno de La Pampa frente al proyecto en debate. “Desde La Pampa sostenemos con absoluta firmeza que no es constitucional, ético ni responsable flexibilizar la protección de nuestros glaciares”, afirmó, y agregó que debilitar esa normativa implicaría un retroceso en términos de federalismo ambiental.
Finalmente, concluyó que defender los glaciares no significa oponerse al desarrollo, sino garantizar que ese desarrollo sea sostenible. “Con responsabilidad institucional y con la convicción que nos da nuestra historia, decimos con claridad: La Pampa rechaza la modificación de la Ley de Glaciares. Porque sin agua no hay presente ni futuro”, expresó.
