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Audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares
El agua vale más que todo. Sin Agua no hay Vida.
Decimos “NO” a la reforma de la Ley de Glaciares
Estimados:
En el marco del tratamiento del proyecto de ley venido en revisión sobre la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial (Expediente 0072-S-2025), lamentamos y rechazamos que no se nos permita participar en forma virtual, tal como estaba originalmente garantizado, en una instancia que debía ser abierta, inclusiva y federal. En consecuencia, y bajo protesta, dejo por escrito la presente exposición.
En primer lugar, corresponde situar el debate en su verdadera dimensión. Cuando hablamos de la Ley de Glaciares, estamos, en esencia, refiriéndonos a la protección y defensa del agua de todos los argentinos. En efecto, los glaciares alimentan 36 cuencas hídricas que atraviesan gran parte del territorio nacional y abastecen de manera directa a más de siete millones de personas. Por lo tanto, cualquier modificación normativa en esta materia tiene implicancias estructurales sobre la seguridad hídrica y el bienestar colectivo.
En segundo término, es preciso destacar que la normativa vigente no constituye un obstáculo para el desarrollo minero. Por el contrario, se trata de una ley pionera que establece límites razonables para resguardar un bien común estratégico como el agua. Sin embargo, la reforma en discusión parece orientarse hacia una protección fragmentada, lo cual podría comprometer la disponibilidad hídrica en distintas regiones del país. En este sentido, la evidencia científica disponible resulta concluyente: los glaciares están en retroceso, y dicho fenómeno ya genera impactos concretos en las economías regionales, particularmente en aquellas actividades que dependen de la estabilidad de los recursos hídricos.
Asimismo, resulta pertinente vincular este debate con el marco normativo más amplio en materia climática. La Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, en su artículo 22, menciona explícitamente a los glaciares y al ambiente periglacial, estableciendo la necesidad de fortalecer su protección y de profundizar el estudio de los riesgos que enfrentan estos ecosistemas en el contexto del cambio climático. En consecuencia, avanzar en una reforma que debilite estos estándares implicaría una contradicción con los compromisos ya asumidos por el propio Estado.
Por otra parte, debe subrayarse la importancia de la coordinación interjurisdiccional. Los recursos naturales, y en particular el agua, no reconocen fronteras administrativas; por ende, su gestión requiere acuerdos entre provincias, como los comités de cuencas (COIRCO), que permitan una planificación integral y sostenible. No es menor recordar que fueron las propias provincias, a través de sus representantes en el Congreso, quienes aprobaron oportunamente la Ley de Glaciares, reconociendo su valor estratégico.
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- Finalmente, preocupa especialmente que la reforma propuesta implique un recorte del ecosistema a proteger y que, además, sustituya la función del IANIGLA —principal referencia científica en la materia— por decisiones de funcionarios públicos provinciales. Esta modificación podría debilitar el sustento técnico de la política pública y abrir la puerta a criterios discrecionales.
En suma, lejos de representar un avance, la reforma en tratamiento podría significar un retroceso en la protección de un recurso vital. Por ello, se torna imprescindible sostener y fortalecer los estándares vigentes, garantizando una gestión basada en evidencia científica, coordinación federal y compromiso con las generaciones presentes y futuras.
Ing. Agr. Leandro Altolaguirre
DNI n° 22.701.197
Msc. en Recursos Hídricos
Profesor en Hidrología en la Carrera de Prof. y Lic. en Geografía
Fac. de Ciencias Humanas, UNLPam.
Asociación Alihuen, Fundación Chadileuvú