En el marco del último encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), se confirmó la drástica reducción del vademécum nacional: de los 79 fármacos esenciales actuales, el programa pasará a cubrir solo 30 en mayo, 16 en junio y apenas tres medicamentos a partir de septiembre. Esta proyección anticipa el desmantelamiento casi total del programa para el tercer trimestre del año. Ante la medida, el Gobierno provincial confirmó que se garantizará la cobertura.
Al respecto, el subsecretario de Salud de la Provincia, Gustavo Vera, fue tajante respecto a la posición de La Pampa frente a este escenario de desprotección. «En La Pampa, el Estado provincial reafirma su soberanía sanitaria. La gestión provincial siempre garantizó los medicamentos a los sectores más vulnerables del sistema y lo seguirá haciendo. Lo que sucede es que hoy, con estos recortes nos vemos obligados a absorber ese porcentaje que antes enviaba Nación a través del Remediar, debido a una decisión de recortar el vademécum que denota el desconocimiento y la insensibilidad que caracteriza a la actual gestión nacional en materia de salud», señaló a la Agencia Provincial de Noticias.
«Con enorme esfuerzo la Provincia garantizará la cobertura de esos medicamentos que Nación decidió retirar de su vademécum. Porque el gobernador Sergio Ziliotto entiende que la salud es una prioridad real y no podemos permitir que los pampeanos paguen el costo de estas malas decisiones nacionales, las cuales en materia de salud parecen abundar», sentenció el funcionario.
El fin de una política federal de acceso
En tanto el director general de Licitaciones y Gestión del Ministerio de Salud, Guillermo Rodríguez Sotto, explicó que «desde su creación en 2002, el Programa Remediar se consolidó como el pilar del sistema sanitario para mitigar las asimetrías sociales en el acceso a la Salud. Sin embargo, bajo la actual gestión nacional, la política ha sufrido un desfinanciamiento crítico y un abandono casi total de sus funciones esenciales, mientras que en el ejercicio 2023 la inversión nacional ascendía a un promedio anual de $5.800 millones, durante el ciclo 2025 este monto se contrajo a apenas $3.200 millones. Este desfinanciamiento se traducirá para el mes de septiembre en la eliminación del 96% del vademécum histórico: ya que a partir de ese mes los pacientes solo tendrán acceso (por parte de Nación) a tres presentaciones específicas destinadas a cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral, quedando desamparadas todas las demás patologías prevalentes. La proyección oficial indica que en septiembre de 2026 el programa será discontinuado definitivamente, dejando en una situación de vulnerabilidad extrema al 37% de la población nacional que carece de cobertura de seguridad social”.
Impacto clínico y financiero
Rodríguez Sotto advirtió que esta medida carece de fundamentos técnicos y responde únicamente a una «insensibilidad social extrema. Al interrumpir el suministro de insumos el Gobierno nacional empuja a las provincias, que no pueden dar respuesta, hacia una crisis sanitaria. Lo que hoy no se resuelve en los centros de atención primaria por falta de medicamentos, mañana se transformará inevitablemente en urgencias hospitalarias, sobrecargando de forma crítica el Sistema Público de Salud».
Respecto a la provincia de La Pampa explicó que «las inversiones licitadas para la compra de medicamentos son altísimos, pero en La Pampa la salud es un derecho, no un costo. Si el Estado provincial no interviniera, pacientes con enfermedades crónicas como hipertensos, diabéticos, pacientes pediátricos, personas mayores, personas con padecimientos en salud mental, quedarían presos de los precios de mercado, viéndose empujados a abandonar sus terapias».
Finalmente, el director concluyó que este «efecto dominó de recortes sanitarios nacionales genera una asfixia financiera intencionada sobre las provincias y profundiza la desigualdad regional. El Gobierno nacional, más allá de no priorizar la salud al definir estos recortes, genera un daño que busca destruir la eficiencia del sistema, provocando una vez más una asfixia financiera a las provincias. Esto profundiza la desigualdad regional: donde hay menos recursos, habrá más enfermedad. La salud es un derecho que debe ser garantizado a todos los ciudadanos y no una variable de ajuste».