Lo hacemos convencidos de que este reclamo es legítimo, necesario e impostergable.
Defendemos una Universidad Pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y por ello nos manifestamos contra el desfinanciamiento del sistema universitario, los recortes presupuestarios que afectan su funcionamiento y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes.
Nuestra sociedad padece el oprobio y el profundo desinterés del gobierno nacional frente a las necesidades y condiciones de quienes sostienen diariamente la educación universitaria, por ello es que es urgente el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que garantice el real acceso, la permanencia y el desarrollo de la educación pública, gratuita y de calidad.
Fuimos y seguiremos siendo parte de esta manifestación genuina y colectiva, en la que confluyen distintos actores sociales, unidos en la defensa de derechos fundamentales.
Estas expresiones representan verdaderos ejercicios de participación democrática y compromiso ciudadano.
La Universidad pública se defiende entre todos y todas, siendo o no estudiantes, siendo o no egresados, siendo o no investigadores, científicos o docentes, porque para acompañar este reclamo no hace falta más que sensibilidad social, responsabilidad colectiva y compromiso con las justas causas sociales.